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En particular, se analiza de qué manera se diseño e implementó la ampliación de cobertura de dos políticas públicas en Argentina durante la crisis ocasionada por la pandemia: el Ingreso Familiar de Emergencia y la Tarjeta Alimentar. Las transferencias de ingresos tienen dos modalidades. Pueden ser tanto condicionadas como no condicionadas. Por un lado, los programas de transferencias condicionadas de ingresos “otorgan transferencias monetarias y servicios a hogares que se encuentran viviendo en situación de pobreza y pobreza extrema bajo ciertas condiciones que buscan mejorar las capacidades humanas (principalmente, en salud y educación) de sus miembros, en especial niños, niñas y adolescentes (…) buscan disminuir la pobreza en el corto plazo a través de las transferencias monetarias directas, que permiten sostener niveles básicos de consumo, y en el largo plazo a través de mejoras en los niveles de salud y educación en niños y niñas de hogares pobres” (Cecchini y Atuesta, 2017). Por otro lado, los programas de transferencias de ingresos no condicionadas (comúnmente denominados “programas de transferencias monetarias”) involucran meramente un subsidio a la demanda para satisfacer las necesidades básicas de un porcentaje de la población en situación de vulnerabilidad (Rodríguez Enríquez, 2011). En el presente trabajo, las dos políticas públicas analizadas pertenecen a la categoría de transferencias de ingresos no condicionadas.","abstract_html":"Lejos de intentar abarcar el vasto universo que supone la literatura de las políticas contra la pobreza, el objeto de este trabajo se centra en el análisis de un tipo de política de protección social: las transferencias de ingresos. En particular, se analiza de qué manera se diseño e implementó la ampliación de cobertura de dos políticas públicas en Argentina durante la crisis ocasionada por la pandemia: el Ingreso Familiar de Emergencia y la Tarjeta Alimentar. Las transferencias de ingresos tienen dos modalidades. 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