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Por otro lado, el Congreso Nacional sancionó una modificación estructural del funcionamiento de los contratos de locación con destino habitacional. Estos cambios y regulaciones incrementaron el debate sobre cuál debe ser el rol del Estado respecto a la situación del arrendamiento. El objetivo de la presente investigación es contribuir a las incipientes discusiones sobre las regulaciones recientes, a partir de indagar en los relatos de los inquilinos. Del análisis de 2750 consultas y denuncias realizadas por inquilinos de todo el país en la página web de la ONG Inquilinos Agrupados, se detecta que el mercado de vivienda en alquiler funciona en un gran marco de ilegalidad: más del 90% de las denuncias realizadas refieren a cuestiones ilegales que los inquilinos deben asumir o sufrir para poder acceder a una vivienda. Además, encontré que los inquilinos desconocen el funcionamiento de las leyes que protegen sus derechos y desconfían de los propietarios y de las inmobiliarias; el 74,4% de las consultas realizadas dan cuenta de esto. Por último, al analizar las normativas y los discursos recientes detecté que, si bien el Estado Nacional tuvo rápidos reflejos para contener una situación urgente, no hubo un acompañamiento fehaciente para garantizar el efectivo funcionamiento de estas regulaciones. Coincidiendo con gran parte de la literatura específica, encontré que, tanto en el armado de las políticas públicas como en los discursos sobre la problemática inquilina, no existe una decisión concreta de avanzar en la regulación del mercado de vivienda en alquiler.","abstract_html":"La pandemia COVID 19 puso a la vivienda como primera barrera frente al contagio y los distintos gobiernos del mundo tomaron decisiones para que las personas pudieran conservar su refugio. 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