Cannabis medicinal en Bahía Blanca. De usuarios terapéuticos y cultivadores solidarios, estrategias para acceder a la medicina prohibida
Desde la Convención Única de Estupefacientes desarrollada en el año 1961 en Nueva York, la marihuana o cannabis quedó sujeta al Sistema de Fiscalización Internacional de Estupefacientes y Psicotrópicos de las Naciones Unidas. Algunos países, entre ellos Argentina, poseen normativas locales que penalizan la comercialización, producción, tráfico y uso de la planta y derivados. No obstante, pese a los esfuerzos por reducir la oferta y la demanda, resulta la droga ilícita más consumida en el mundo y en nuestro país. (Corda, 2018; Corda y Fusero, 2016: 2). A ello ha contribuido la reciente divulgación de los usos medicinales, terapéuticos y culturales que la planta ha tenido a en la historia de la humanidad, así como el creciente reconocimiento de la comunidad científica de sus propiedades medicinales (Russo, 2017; Crippa et al., 2010; Naftali et al., 2011; Abrams, 2015; Eagleston et al., 2018; Lowin y Straub, 2015). En Argentina, la difusión de los usos medicinales de la planta dio lugar a la organización y movilización de agrupaciones de madres de niños usuarios y de distintos sectores sociales, resultando en la sanción de Ley de Cannabis Medicinal en marzo de 2017. Sin embargo, al entender de muchos de los activistas y ONG`s que participaron del debate, la reglamentación dejó como resultado una norma sumamente restrictiva. En primer lugar, prevé una única vía de acceso: la importación de una sola marca de aceite de cannabis, de utilidad solo para algunos casos. Asimismo, la ley únicamente habilita el uso para el tratamiento de la epilepsia refractaria, dejando de lado otras patologías. Por último, supone trámites burocráticos que no se ajustan en tiempo y forma a las necesidades de los usuarios. En virtud de las dificultades mencionadas en el acceso a la marihuana y sus derivados, gran parte de los usuarios recurre al mercado ilegal o a través del cultivo. Esta práctica no se encuentra prevista por la legislación, por lo que las fuerzas de seguridad allanaron y detuvieron a quienes usaron y cultivaron durante 2015-2019. La tesis analizará, desde una mirada sociológica, las estrategias y prácticas, que usuarios terapéuticos/medicinales y cultivadores elaboraron e implementaron para acceder al cannabis. Así como también evitar robos, allanamientos y protegerse de la criminalización y estigmatización de la que son objeto. Mediante entrevistas a cultivadores y usuarios, se buscó entender y analizar las motivaciones que llevaron a hacer uso y producir marihuana en un marco de ilegalidad. A su vez se exploraron las estrategias y prácticas para acceder a la planta o sus derivados, para tratar su dolencia o la de algún familiar. La observación participante de algunos eventos de índole privada, como públicos, serán objeto de interés para poder reconstruir la trama de relaciones, las formas de acción y colaboración, así como de conflicto y competencia. Por otra parte, desde un enfoque etnográfico se analizaron documentos judiciales (Muzzopappa y Villalta, 2011) y se realizaron entrevistas en profundidad a operadores judiciales, con el objetivo de comprender el accionar de las burocracias judiciales y policiales durante 2015-2019, en la jurisdicción de Bahía Blanca, respecto de la aplicación de la “ley de drogas” frente a usuarios y cultivadores de cannabis con fines terapéutico-medicinales.
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