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En particular, se examina la potestad sancionadora de la SIC frente a responsables y encargados del tratamiento de datos personales del sector privado, y la potestad disciplinaria de la PGN cuando el responsable o el encargado es una entidad de derecho público. Aunque la Procuraduría cuenta con fundamento el normativo suficiente para ejercer su función disciplinaria en materia de datos personales, los resultados obtenidos son limitados respecto de la remisión expresa prevista por la norma. El estudio combina enfoques cualitativo y cuantitativo para evaluar la aplicación del régimen por parte de ambas entidades y sus resultados en términos de efectividad. 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