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En el caso del Ministerio de Cultura, la Constitución Política de Colombia y la ley le han encomendado la protección del patrimonio cultural de la Nación a través del ejercicio de la potestad sancionatoria en contra de las personas naturales o jurídicas que intervengan un bien de interés cultural sin la debida autorización previa. Sin embargo, y pese al rango constitucional que tiene la protección del patrimonio cultural de la Nación, esta facultad no se ha ejercido atendiendo los principios de proporcionalidad y culpabilidad desde el año 2013 -año en el que se adelantó el primer procedimiento administrativo sancionatorio por parte del Ministerio de Cultura- hasta el año 2023. En consecuencia, a través de la revisión de algunas resoluciones sancionatorias proferidas por esta autoridad, se podrá evidenciar cómo a través de estas, se han inobservado algunos de los límites impuestos por el artículo 29 constitucional.","abstract_html":"El ejercicio del ius puniendi del Estado se manifiesta, entre otros, a través de actos administrativos que imponen medidas represivas a su destinatario, por lo tanto, las autoridades deberán respetar los límites constitucionales que su ejercicio conlleva, mediante la prevalencia de garantías fundamentales, lo anterior, para que el juicio de reproche que se le impone a los particulares sea legítimo en un Estado Social de Derecho como el colombiano. 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En consecuencia, a través de la revisión de algunas resoluciones sancionatorias proferidas por esta autoridad, se podrá evidenciar cómo a través de estas, se han inobservado algunos de los límites impuestos por el artículo 29 constitucional.","The State’s ius puniendi is expressed, inter alia, through administrative acts that impose coercive measures on private individuals and entities. In exercising this power, authorities must strictly observe the constitutional limits designed to preserve fundamental guarantees, thereby ensuring that any finding of liability is legitimate within a Social State governed by the rule of law, such as Colombia. Under the Colombian Political Constitution and the applicable statutory framework, the Ministry of Culture is charged with protecting national cultural heritage through sanctioning proceedings against natural or legal persons who intervene in Cultural Heritage Properties (Bienes de Interés Cultural) without prior authorization. Notwithstanding the constitutional hierarchy accorded to cultural-heritage protection, since 2013—when the Ministry first initiated administrative sanctioning proceedings—through 2023, the authority has frequently failed to uphold the principles of proportionality and culpability. A review of several sanctioning resolutions issued during this period reveals recurrent disregard for Article 29 of the Constitution, thereby undermining due process and the legitimacy of the administrative-punishment regime."]},{"key":"dc:format","label":"Dc Format","values":["PDF"]},{"key":"dc:format.mimetype","label":"Dc Format Mimetype","values":["application/pdf"]},{"key":"dc:title","label":"Title","values":["Desafíos del ejercicio de la potestad sancionadora por la inobservancia al deber constitucional de proteger el patrimonio cultural de la Nación","Challenges in exercising the state’s sanctioning power for breaches of the constitutional duty to safeguard national cultural heritage"]}]}],"canonical_facts":{"dc:contributor.advisor":["Laverde Álvarez, Juan Manuel"],"dc:creator":["Suárez Vega, Edgar Hernándo","Salgado López, Jaime Santiago"],"dc:date.accessioned":["2025-06-17T15:25:19Z"],"dc:date.available":["2025-06-17T15:25:19Z"],"dc:description.abstract":["El ejercicio del ius puniendi del Estado se manifiesta, entre otros, a través de actos administrativos que imponen medidas represivas a su destinatario, por lo tanto, las autoridades deberán respetar los límites constitucionales que su ejercicio conlleva, mediante la prevalencia de garantías fundamentales, lo anterior, para que el juicio de reproche que se le impone a los particulares sea legítimo en un Estado Social de Derecho como el colombiano. 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