{"id":{"repo_id":"chile","oai_identifier":"oai:repositorio.uchile.cl:2250/111669"},"canonical_url":"https://search.dev.ndltd.org/etd/chile/oai:repositorio.uchile.cl:2250/111669","repository":{"repo_id":"chile","name":"Universidad de Chile","base_url":"https://repositorio.uchile.cl/oai/request"},"display":{"title":"Digital systems","abstract":"La promulgación y entrada en vigencia en abril de 2009 de la Ley 20285 de transparencia y acceso a la información pública obliga a los órganos del Estado a disponer de herramientas y formas expeditas y rápidas, que atiendan y respondan los requerimientos que cualquier ciudadano u organización realice acerca de información que el organismo posea y administre. La aplicación de esta normativa encuentra a los órganos del Estado en una situación de precariedad estructural compleja de resolver en cuanto a la capacidad de responder a los requerimientos de información, sobre todo con aquella dimensión que se denomina Transparencia Pasiva y que se refiere a la información histórica acumulada por años en forma física, comúnmente sin respaldo y sin posibilidad de acceso rápido y expedito a ella. En las primeras 32 semanas de vigencia de la ley, según el informe n°8 de la Comisión de Probidad y Transparencia1 de noviembre de 2009, se han registrado 22073 solicitudes de información realizadas por ciudadanos y organizaciones a los diversos órganos del ejecutivo a los que se les aplica la norma, excluyendo a los municipios. De la investigación realizada (ver anexo 3) se desprende que no han tenido mayor dificultad para responder en tiempo y oportunidad cuando la información requerida corresponde a una antigüedad no mayor a 3 años. Esta situación se revierte cuando la información tiene una antigüedad superior a los 3 años. Y mientras más antigua es la información solicitada, más dificultoso es responder al requerimiento en forma rápida, eficiente y confiable. Para abordar esta necesidad Digital Systems, empresa orientada al desarrollo de tecnologías de la información y al diseño de sistemas de administración y procesamiento de datos para las empresas y organizaciones en general, ha diseñado una solución tecnológica para responder a la obligación que genera la 1 Informe n°8: http://www.leydetransparencia.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=7 Diciembre 30, 2009 Digital Systems Plan de Negocios MBA -ICCI 3 Ley de Transparencia a los órganos del Estado, específicamente las obligaciones que están asociadas a Transparencia Pasiva. El servicio consiste en el desarrollo de una Biblioteca Digital en la que se almacena la información documental, la que se organiza según una estructura y se le implanta un motor de búsqueda que permite realizar búsquedas exactas y rápidas. El mercado lo constituyen inicialmente los cerca de 620 órganos del Estado definidos por la normativa (ver anexo 2). Posteriormente ampliaremos la operación a las demás organizaciones públicas que no están sujetas a esta obligación (empresas públicas, poder judicial, poder legislativo y órganos contralores) y a las organizaciones privadas que operan en Chile y en países de Latino América para las que una solución como la planteada puede representar una solución que agrega valor a sus operaciones. La propuesta de valor se basa en que genera ahorros de dinero por la eliminación del almacenamiento de documentos físicos que implica; permite ahorros de espacio por el que se libera generando usos alternativos; y de tiempo por la posibilidad de encontrar rápidamente lo que se requiere. Esto redundará en no sólo cumplir con la ley y disminuir costos, sino que cumplir con calidad, promoviendo el uso de tecnología para el servicio más eficiente y expedito de los usuarios. Requiere de baja inversión; tiene buen retorno, proyectándose utilidades desde el año 2 de operación por más de $30 millones, superando el año 4 los $100 millones. Se ha transformado en una necesidad creciente para los órganos del Estado por la obligatoriedad de la norma y la inexistencia de diseño y sistemas para gestionar dicha información. 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