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Es un estudio pormenorizado de esta figura jurídica que revisa su desarrollo histórico desde el Estado Monárquico en el cual la irresponsabilidad de la Administración Púbica era el común denominador, se analiza los principios y conceptos incorporados en la Revolución Francesa por la ideología de la Ilustración, hasta llegar a una época actual en la cual se compara las versiones modernas de España y Ecuador, diferenciando la responsabilidad patrimonial del Estado en términos generales y profundizando con la responsabilidad patrimonial del Estado Legislados y Juez. Se identifica los requisitos principales para la correcta aplicación de esta figura resarcitoria, que no debe confundirse como una sanción a la conducta administrativa sino como la respectiva indemnización al daño generado en el patrimonio del ciudadano, que es el resultado de una actuación u omisión administrativa, y frente a la cual no existe una justificación legal para soportarlo. El sistema de responsabilidad patrimonial de la Administración se construye técnicamente sobre el concepto jurídico de daño antijurídico, que nada tiene que ver con la conducta del sujeto sino por la situación jurídica del sujeto que sufre el daño. Para determinar si el daño es antijurídico se debe responder la siguiente pregunta: ¿Si existe una causa que justifique el daño sufrido en el patrimonio del ciudadano? La antijuridicidad del daño no nace de la conducta del autor, sino de que quien lo sufre, no tiene el deber jurídico de soportarlo. La antijuridicidad del daño se verifica cuando no existan causas que justifiquen o legitimen el perjuicio ocasionado por la actuación administrativa en ley; en consecuencia, se despliega el principio de responsabilidad objetiva como garantía de protección de los derechos de los ciudadanos. La antijuridicidad busca un título de justificación en el ordenamiento jurídico que legitime el daño ocasionado en el patrimonio del ciudadano, que no deriva de la actuación incorrecta de la Administración, sino que recae sobre la existencia o no de la obligación del ciudadano para soportar dicho daño.","abstract_html":"Estudio enfocado en la responsabilidad extracontractual del Estado o también conocida como responsabilidad patrimonial de la Administración, como una institución fundamental del Derecho Administrativo que opera como una herramienta jurídica en defensa de los derechos de los ciudadanos, para que los daños ocasionados en su patrimonio sean reparados, cuando sean consecuencia de la interacción de las relaciones jurídicas entre las personas e instituciones públicas. Es un estudio pormenorizado de esta figura jurídica que revisa su desarrollo histórico desde el Estado Monárquico en el cual la irresponsabilidad de la Administración Púbica era el común denominador, se analiza los principios y conceptos incorporados en la Revolución Francesa por la ideología de la Ilustración, hasta llegar a una época actual en la cual se compara las versiones modernas de España y Ecuador, diferenciando la responsabilidad patrimonial del Estado en términos generales y profundizando con la responsabilidad patrimonial del Estado Legislados y Juez. Se identifica los requisitos principales para la correcta aplicación de esta figura resarcitoria, que no debe confundirse como una sanción a la conducta administrativa sino como la respectiva indemnización al daño generado en el patrimonio del ciudadano, que es el resultado de una actuación u omisión administrativa, y frente a la cual no existe una justificación legal para soportarlo. 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